El grupo sindicalista, con Alberto Gonçalves a la cabeza, se mantuvo alrededor de una hora en las puertas de la Xunta, donde no dejaron de realizar cánticos como: «Es delito protestar y no estafar», «Partido Popular, partido policial» y «Juzgan a los obreros, absuelven a los banqueros».
Y es que la CIG está totalmente en contra de esta ley que califica de «censura de libertades y derechos fundamentales». La ley penalizará las faltas muy graves con entre 30.001 y 600.000 euros de sanción, considerando como tales las manifestaciones no comunicadas o celebrar espectáculos públicos quebrantando la prohibición ordenada por la autoridad correspondiente. Además, los responsables serán los organizadores o promotores, sindicatos, comités de prensa y delegados de personal, a los que conducirá fácilmente a su asfixia económica.
Las infracciones graves pueden ser sancionadas con multas de 601 a 30.000 euros. Concentraciones delante del Parlamento, solidaridad en caso de despidos o presencia de trabajadores o representantes sindicalistas en infraestructura o instalaciones que presten servicios básicos para la comunidad están incluídos entre estas medidas.
Para la infracciones leves la ley contempla sanciones de hasta 600 euros, considerando leve la ocupación de cualquier inmueble en contra de la voluntad de su titular, colocar un adhesivo en un bien público o privado sin necesidad de denuncia del propietario, faltas de respeto a las fuerzas de seguridad del Estado o no tener la documentación personal legalmente exigida o no denunciar su robo o pérdida, entre otros.
