La mayoría de la población española debe realizar grandes sacrificios para que sus hijas e hijos puedan realizar un máster universitario, que, por cierto, no son nada baratos en comparación a los ofertados en otros países europeos. Además de esa situación también cabe destacar, sobre todo, la falta de ética personal, tanto en el caso de quien recibe el título falso como de quien colabora —en mayor o en menor medida— en la trampa. No cabe ningún tipo de disculpas, sólo las dimisiones y la responsabilidad ante el propio partido, ante el electorado, y ante la ley. Sin embargo, en algunas formaciones políticas prevalece la negación de los hechos e incluso la desfachatez al darle la vuelta a la situación, echando culpas a otros, buscando similares comportamientos en las formaciones de la oposición. Sea como fuere, todos son culpables, absolutamente todos, con independencia de los colores políticos. Igual de culpable es quien ha lustrado su currículum con un inexistente título de ingeniero como quien se hace con un máster —falso— para engordar su ego al frente de la Comunidad de Madrid. ¡Una vergüenza! Todo esto es la consecuencia de dos situaciones que deben corregirse lo antes posible: por una parte, nadie debe vivir de la política, siendo preciso limitar el tiempo que una persona pueda dedicar a los cargos públicos, para evitar que las situaciones se vicien; por otra parte, debemos admitir que nuestra democracia todavía es demasiado joven y que necesita asentarse completamente, y la ciudadanía española debe asumir la gran responsabilidad de valorar adecuadamente a los políticos, premiándolos con el voto, si lo merecen, y castigándolos con el desprecio si no asumen su responsabilidad. Además de ello, la ley también debe evitar estas situaciones, algo muy difícil porque son los propios políticos quienes hacen las leyes a su antojo, quienes ejercen el poder legislativo.