Las investigaciones, desarrolladas entre el jueves y el viernes fuera del horario escolar y en colaboración con la Policía Autonómica, también abarcaron once establecimientos de municipios del área metropolitana en los que tampoco se habrían detectado incidencias. En el conjunto de Galicia, fueron 99 los locales inspeccionados.
De vulnerar la normativa relacionada con la prohibición de apostar a menores de edad, los responsables de estos centros de juego se enfrentan a la pérdida de la licencia de actividad y a sanciones económicas cuya cantidad varía en función de la comunidad autónoma –los gobiernos regionales son los que tienen la competencia en materia de juegos de azar-. En Galicia, las multas pueden alcanzar los 100.000 euros.
En caso de ser encontrado algún menor en una sala de apuestas, sería trasladado a la comisaría y podría ser denunciado ante la Fiscalía de Menores, además de ser comunicados los hechos a sus progenitores o tutores legales.