La sección quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra, con sede en Vigo, sentará este viernes en el banquillo de los acusados a la empleada del Servizo Galego de Saúde acusada de un delito de descubrimiento de secretos por el que la Fiscalía pide cuatro años de cárcel y nueve de inhabilitación. La mujer ya fue absuelta hace un año, pero el Tribunal Superior de Xustiz de Galicia (TSXG) aceptó el recurso y obligó a repetir el juicio al entender que se vulneró la carga de la prueba.
El Ministerio Público demanda cuatro años de prisión y nueve de inhabilitación para este trabajadora del Sergas a la que acusa de realizar entrar en la historia clínica electrónica de su hija, mayor de edad, sin contar con su consentimiento ni con justificación asistencial.
La acusada realizó, entre junio de 2012 y abril de 2014, casi 70 entradas al historial clínico electrónico de su hija, pero la Audiencia consideró entonces que no estaba suficientemente acreditado que esos accesos no tuvieran el permiso de la denunciante. “Entendemos que este proceder de la Audiencia vulnera flagrantemente las reglas de la distribución de la carga de la prueba y los parámetros de su valoración, entre los que se encuentran el de racionalidad probatoria y el de acatamiento de las máximas de experiencia”, señala el TSXG en su fallo para ordenar que se repita la vista oral.
“La Audiencia no se percata de que la propia presunción de inocencia de la acusada en absoluto obliga a dar por sentada la veracidad de sus afirmaciones, pues la carga de la prueba de los hechos exculpatorios naturalmente que recae sobre la defensa”, asegura la sentencia del Alto Tribunal.