La Xunta de Galicia licitará de nuevo las obras para urbanizar el polígono 1 de Navia, en Vigo, para “adaptar las condiciones del contrato inicial al incremento de precios que experimentaron las materias primas de la construcción en los últimos meses”.
Así lo ha anunciado este viernes la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, que busca de esta manera “otorgar la máxima seguridad jurídica a las empresas que opten al contrato, ante la dilación del Gobierno local para aprobar de forma definitiva el proyecto”, un paso imprescindible para poder ejecutar la actuación.
La decisión fue realmente publicada hace unos días en la plataforma de contratación de Galicia, después de que la Consellería considerara que “lo más apropiado” era actualizar la licitación iniciada el pasado 23 de marzo por un importe de casi 11,5 millones de euros.
“La incertidumbre generada por la dilación con la que actúa el Ayuntamiento, unida al aumento en los últimos meses de los costes de ciertos materiales que suponen una parte importante del proyecto, llevaron incluso a la Federación Gallega de la Construcción a presentar un escrito ante el Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS) advirtiendo de la situación de inseguridad que se estaba produciendo”, relata el departamento de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda.
Por eso, la intención del organismo autonómico es iniciar un nuevo procedimiento de licitación una vez modifique el proyecto para adecuar los precios a la realidad actual. “De este modo, se pretende evitar que los posibles retrasos municipales en la parte de la tramitación que le corresponde vuelvan a condicionar el procedimiento de adjudicación de las obras de urbanización”, sostiene la Consellería que dirige Ángeles Vázquez.
La ampliación del barrio de Navia se divide en tres fases y permitirá habilitar la mayor bolsa de suelo residencial de toda Galicia. Solo en el polígono 1 están proyectadas 733 viviendas protegidas -de las 1.600 previstas en todo el ámbito-, cuyas obras se podrán acompasar a las de la urbanización. De esos inmuebles, 207 son de promoción pública; 331 serán levantados por cooperativas y promotores; y 195 corresponden a las permutas de suelo.
“Sin embargo y a pesar de la importancia del proyecto para la ciudad, el Ayuntamiento de Vigo tardó prácticamente un año en aprobar inicialmente el proyecto de urbanización del polígono 1, un período durante el que realizó multitud de requerimientos que fueron dilatando la tramitación y, en algunos casos, mismo supusieron cambios de criterio o la inclusión de elementos que no habían sido solicitados con anterioridad”, explica la Xunta.
Así, para adaptarse a la preferencia manifestada por el Concello, el Gobierno autonómico aceptó cambiar toda la red de abastecimiento de polietileno a fundición, un gesto de buena voluntad con el fin de intentar desbloquear la tramitación de los proyectos. De igual manera, el IGVS también se adaptó a las preferencias manifestadas a posteriori por la administración local con relación a la capa de rodadura de los viarios, incrementando su espesor por encima del que exige la normativa.
Estos dos cambios, más allá de las exigencias legalmente establecidas, obligaron a los redactores a hacer nuevos cálculos y a adaptar los tres proyectos originales, además de suponer un aumento de los costes que, sumado a la subida de los materiales de construcción, ascendió en total a 2,4 millones de euros. Una cuantía que volverá a verse incrementada una vez se revisen los precios de licitación del polígono 1.
“Asimismo, y a pesar de que el pasado 24 de marzo el alcalde de Vigo anunció la aprobación inicial de las fases 2 y 3, en estos momentos los únicos que cuentan con ese trámite superado son los polígonos 1 y 2B. Todos los detalles, correcciones y requerimientos exigidos por parte del Ayuntamiento fueron respondidos por el IGVS hace meses y están consensuados entre los técnicos de ambas administraciones, por lo que el único responsable de que no estén aprobados inicialmente los polígonos 2A y 3 en estos momentos es el Gobierno local de Vigo”, sostiene la Consellería.