Sindicatos del comité de empresa de Vitrasa han recibido esta semana la citación del juzgado para acudir el próximo 17 de octubre ante la pretensión de la compañía de no aplicar el convenio colectivo (reduciendo salarios y ampliando jornadas), después de que la empresa optase por la vía judicial para resolver el conflicto.
Tal como ha indicado CC.OO. en un comunicado, la dirección de Vitrasa continúa así con su “convicción” de bajar salarios y “precarizar la situación laboral de las 350 personas que conforman su personal”.
“Tras un procedimiento extrajudicial de solución de conflictos de trabajo (AGA), una mediación de la Comisión Tripartita Galega para la inaplicación de convenio y un arbitraje, que dieron la razón a las posiciones defendidas por CC.OO. y desacreditaron a la dirección, se abre paso a la vía judicial”, ha lamentado el sindicato.
Así, el delegado de CC.OO. en Vitrasa, Narciso Pazos, ha confirmado a Europa Press que los sindicatos del comité han recibido una citación para el próximo 17 de octubre.
“Mobility ADO, actual dirección de Vitrasa y concesionaria hasta 2025 del servicio, evidencia su incapacidad de gestión y de negociación y va a demandar judicialmente las resoluciones de estos organismos por ser contrarias a sus intereses”, ha lamentado la organización sindical.
Por todo ello, ha instado al Ayuntamiento de Vigo a que desbloquee esta situación, ya que Vitrasa es la concesionaria municipal del servicio de autobuses urbanos de la ciudad olívica.
‘Descuelgue salarial’
Todo ello después de que el pasado julio el árbitro designado por la Comisión Tripartita Galega rechazase los planes de Vitrasa de ‘descuelgue salarial’, recriminando que pretendiese hacer pagar a la plantilla sus problemas económicos.
Según el laudo arbitral, al que tuvo acceso Europa Press, la concesionaria del bus urbano de Vigo alega motivos económicos, productivos y organizativos para llevar a cabo ese ‘descuelgue salarial’, que implicaría una reducción del 30% en los sueldos, así como la ampliación de jornada al personal.
El árbitro, tras analizar la documentación aportada por empresa y comité, ha concluido que, efectivamente, Vitrasa tiene una situación de “pérdidas sostenidas en 2020 y 2021”, un escenario “lógico” en el contexto de la pandemia pero precisa que, en ese período, su patrimonio neto superaba los 50 millones de euros, y contaba en 2020 con un fondo de maniobra de 38 millones de euros.
Además, puntualiza que el gasto de personal en ese período, no solo no aumentó, sino que se redujo. Así, ese gasto bajó en 2020 (cuando el servicio se redujo debido al estado de alarma) y subió ligeramente en 2021, aunque manteniéndose por debajo del gasto de personal que tuvo en 2019.
Con respecto a las causas productivas, en el laudo se desestima la alegación de la empresa con respecto a una previsible reducción drástica en el uso del bus urbano, debido a la implantación del teletrabajo. Al respecto, el árbitro señala que no hay motivos para confirmar que el menor uso de transporte público se vaya a mantener en 2022 o en los años siguientes, especialmente teniendo en cuenta que el aumento de precios del combustible puede favorecer el crecimiento de usuarios de bus urbano, frente al vehículo particular.