La acusación popular ejercida por la plataforma Xuntos por Galicia en el ‘caso enchufe’ reclama el ingreso en prisión del exfuncionario del Concelo de Vigo condenado. Por su parte, el grupo municipal del PP exigió “explicaciones” al alcalde, Abel Caballero, y a la presidenta de la Diputación, Carmela Silva, por lo que considera “el mayor escándalo político” que se ha registrado en la ciudad.
Xuntos por Galicia ha presentado un escrito ante la Audiencia Provincial de Pontevedra para reclamar el cumplimiento de pena y el ingreso en prisión del exfuncionario vigués Francisco Javier O.G., condenado a más de 5 años de cárcel por ‘enchufar’ a una cuñada de Carmela Silva en una contrata municipal.
En su escrito, la asociación señala que ya ha pasado más de un año desde que el exfuncionario solicitó el indulto y que no hay constancia de que se haya resuelto favorablemente ese expediente, por lo que debe entenderse “desestimado”.
Asimismo, recuerdan que la Fiscalía informó favorablemente a la suspensión de la condena mientras se tramitaba la petición de indulto, aunque esta suspensión debía ser, a juicio del ministerio público, solo por un año.
“Explicaciones”
En este sentido, el portavoz del grupo municipal del PP exigió este viernes que Carmela Silva y Abel Caballero asuman su responsabilidad en el caso cuñada’ y expliquen la situación del exfuncionario condenado tras la solicitud de ingreso en prisión.
“Estamos ante el mayor escándalo político que ha sufrido la ciudad y el Gobierno municipal socialista continúa sin aclararle a la ciudadanía por qué una familiar de la teniente de alcalde se embolsó más de 100.000 euros por un servicio que nunca llegó a prestar”, señaló.
“Gravedad máxima”
“El caso es de una gravedad máxima y los dos principales responsables políticos no solo tienen la desfachatez de seguir callados sin dar explicaciones, sino que han presionado hasta el último momento para que le concedan el indulto”, añadió. Así, Alfonso Marnotes apuntó que ya ha pasado más de un año desde que el exfuncionario solicitó el indulto amparándose en su militancia en el PSOE y que no hay constancia de que se haya resuelto favorablemente ese expediente, por lo que debe entenderse desestimado.
“Durante los últimos meses hemos conocido que hubo presiones a asociaciones de la ciudad para que firmasen la petición de indulto. Y es que todo este caso ha estado envuelto en irregularidades manifiestas y los responsables deberían responder ante los ciudadanos”, añadió.