El PSOE de Vigo ha redoblado sus críticas por la operación de compra, por parte de Xunta y Diputación de Pontevedra, del antiguo Teatro Cine Fraga (propiedad de Abanca), y el grupo socialista provincial ha pedido amparo a la Valedora do Pobo, mientras que el grupo municipal en el Ayuntamiento olívico ha solicitado la celebración de un pleno extraordinario al respecto.
En el caso de la Diputación de Pontevedra, la diputada y concejal viguesa Ana Laura Iglesias ha confirmado este jueves la presentación de un «escrito de amparo» ante la Valedora do Pobo después de que, transcurrido el plazo legal para responder, el gobierno provincial no haya dado acceso al grupo socialista al informe de tasación del edificio (cuya compra se realizará por 9,3 millones de euros, de los que la Xunta aportará el 51 % y la institución provincial el 49 %).
«Lo único que sabemos, y por los medios de comunicación, es que el precio fue acordado hace meses, por eso solicitamos la tasación de manera oficial, y no la entregan. ¿Qué tienen que ocultar?», ha cuestionado Ana Laura Iglesias, horas después de que el grupo socialista en el Parlamento gallego también hubiera registrado esa solicitud de información a la Xunta en el Parlamento autonómico.
Por otra parte, el portavoz del gobierno local y del grupo socialista municipal, Carlos López Font, ha informado de la petición para que se celebre un pleno extraordinario «para adoptar una resolución sobre la venta del Fraga».
El edil socialista ha insistido en que el inmueble, cerrado desde 2001 y a falta de culminarse su rehabilitación, «debe ser donado por el actual propietario al Ayuntamiento de Vigo» y que sea el Ayuntamiento el que «busque unanimidades con la Xunta, Diputación y Zona Franca para estar todas administraciones de forma conjunta en la propiedad y gestión».
Una «pataleta» de Caballero
Las críticas del PSOE han sido respondidas este jueves por el grupo municipal del PP en el Ayuntamiento olívico, que ha lamentado que el gobierno de Abel Caballero pretende «poner palos en la rueda, torpedear y malmeter», en lugar de alegrarse porque la ciudad recupera un inmueble que lleva «23 años en el olvido».
La petición de un pleno extraordinario, ha señalado el portavoz del grupo ‘popular’, Miguel Martín, «deja en evidencia» al alcalde y a su equipo, que «anteponen sus intereses a los Vigo, en un juego táctico que es el de siempre: cuestionar y tratar de boicotear inversiones de la Xunta y, ahora también, de la Diputación». «Esto es una pataleta del alcalde», ha recalcado.
En ese sentido, Miguel Martín, ha calificado como «ocurrencia de última hora» la demanda de una cesión gratuita del edificio y ha recordado, que en 17 años, el gobierno de Abel Caballero reclamó esa cesión gratuita «cero veces».
Además, también ha recordado que la Zona Franca de Vigo, cuyo pleno preside el alcalde, le compró a Abanca en 2020 los edificios del centro de computación en la calle López Mora por 12,3 millones de euros (a los que habrá que añadir los 15 millones en los que ha presupuestado la reforma) para hacer un centro de negocios.
En ese caso, ha subrayado el portavoz del PP, el gobierno de Vigo «aplaudió a rabiar» y «no se cuestionó» la operación, a pesar de que fue un edificio «más caro, peor situado y nada emblemático», y que «sigue abandonado 4 años después de su adquisición».