La supuesta desaparición de dos fardos de cocaína, procedentes del cargamento que transportaba el buque MV Karar, ha vuelto a salir a relucir este martes, en la jornada en la que se ha reanudado en la Audiencia de Pontevedra la vista por este alijo de 3,8 toneladas de droga.
Dos meses después de la última sesión de este macrojuicio (que comenzó en abril), este martes se han retomado las declaraciones y durante toda la semana las sesiones se celebrarán en la sede judicial de Pontevedra, ya que la sala grande de la Ciudad de la Justicia de Vigo, donde se han venido celebrando las sesiones, está ocupada en los próximos días.
A diferencia de los primeros meses de juicio, en este reinicio tras el ‘parón’ veraniego, solo 14 de los 28 acusados se han sentado en el banquillo, ya que el tribunal ha dispensado de acudir a los tripulantes del Karar de nacionalidad extranjera (cinco de Bangladesh y nueve de Nepal).
Así, han acudido a la Audiencia de Pontevedra el considerado por los investigadores como cabecilla del grupo, Juan Carlos Santórum, varios de sus allegados, un constructor de embarcaciones, un ciudadano colombiano, el único tripulante gallego del Karar, un exfuncionario de Aduanas y su mujer.
Este martes, se ha continuado con la declaración de los testigos policiales, y ha comparecido ante el tribunal un agente de Udyco central, que dirigió el abordaje del Karar, interceptado en la noche del 25 de abril de 2020 en aguas del Atlántico, y que también participó en la detención, el 10 de junio de 2020, del trabajador de Vigilancia Aduanera, su mujer y el acusado colombiano.
Este policía fue el encargado de, una vez abordado el Karar, comprobar la localización de la cocaína –en un tanque de lastre– y hacer el recuento de los fardos. A preguntas del Fiscal, el testigo ha incidido en que él mismo contó los fardos, 152, y que, en ningún momento «nadie» de la tripulación pudo tocarlos o hacer desaparecer alguno.
Esta matización cobra importancia por las dudas planteadas, ya en fase de instrucción, sobre la supuesta desaparición de dos de esos fardos de cocaína. De hecho, meses después del abordaje, con el barco atracado en Vigo, la autoridad judicial ordenó un nuevo registro del mismo, ya que la agencia antidroga americana (DEA) informaba de la presencia de 154 fardos a bordo.
Igualmente, ya durante la celebración del juicio, el único tripulante español, declaró que él fue el encargado de supervisar el cargamento, contar los bultos y controlar que toda la cocaína llegara (desde aguas colombianas, donde se trasvasó al Karar)a su destino en la ría de Vigo. De hecho, este acusado concretó que los fardos iban repartidos, «72 en babor y 82 en estribor», y que anotó esas cifras en una pizarra a bordo.
La supuesta desaparición de esos dos fardos no ha sido el único incidente ocurrido en el marco de este procedimiento, y las defensas han denunciado otras supuestas irregularidades. Así, en su momento alertaron de que «no aparece» un papel con unas coordenadas anotadas y que fue intervenido por la Policía en una nave de Sanxenxo vinculada a Santórum y su gente de confianza.
Las defensas apuntaron que ese documento, con la localización del punto en el que se haría el alijo de la droga en el mar, sería el único supuesto vínculo de sus patrocinados con la carga del Karar.
Igualmente, en la jornada de este martes, una de las letradas ha pedido disponer de un teléfono satélite intervenido a uno de los acusados (el ciudadano colombiano), con el que supuestamente controlaba la singladura del Karar y se comunicaba con otros acusados. El tribunal ha rechazado la petición porque dicha prueba «no se encuentra a disposición ahora mismo» de la sala.
Igualmente, en la jornada de este martes, una de las letradas ha pedido disponer de un teléfono satélite intervenido a uno de los acusados (el ciudadano colombiano), con el que supuestamente controlaba la singladura del Karar y se comunicaba con otros acusados. El tribunal ha rechazado la petición porque dicha prueba «no se encuentra a disposición ahora mismo» de la sala.
Por otra parte, el policía que ha declarado este martes también ha explicado que, semanas después del abordaje del Karar, a petición del GRECO Galicia, participó en el seguimiento y detención de tres personas supuestamente relacionadas con el alijo y con la organización de Santórum. Así, ha relatado que su trabajo consistió en detectar la llegada en coche de un funcionario de Aduanas y su mujer a Madrid, donde se habían citado con un ciudadano colombiano, y hacer el seguimiento y detención.
La vigilancia permitió a los agentes comprobar que, tras una cita en un centro comercial, los tres se dirigieron a Leganés, donde el sospechoso colombiano entró en una vivienda, de la que salió con una bolsa que entregó a la pareja. Tras la detención de los tres, los policías comprobaron que, en el interior de la bolsa, había un total de 368.000 euros.
Además, en el registro posterior de la vivienda de Leganés, se encontraron 6 paquetes de cocaína, un arma, varios teléfonos móviles, un teléfono satélite, inhibidores de frecuencia, dinero en efectivo y otros objetos.
Macrojuicio y penas millonarias
El juicio por el alijo del Karar se prolongará como mínimo hasta final de año, ya que están citados para declarar alrededor de un centenar de testigos y peritos. Entre los testigos se encuentra un exjefe de GRECO Galicia que, actualmente, está investigado por un juzgado de Murcia por su presunta relación con organizaciones de narcotráfico.
Tanto Juan Carlos Santórum como la gente de su círculo próximo han rechazado declarar, al no acceder el tribunal a su petición de hacerlo al final de la vista. El constructor de barcos, el ciudadano colombiano, el exfuncionario de Aduanas, su mujer y uno de los supuestos ayudantes de Santórum sí hablaron, para proclamar su inocencia y se desvincularon de la cocaína transportada por el Karar.
Los tripulantes del barco, tanto los extranjeros como el gallego, para tratar de aliviar las condenas, reconocieron que conocían el objetivo de la travesía, que sabían que llevaban cocaína a bordo y que debían dirigirse a las costas gallegas.
La Fiscalía acusa a los 28 procesados de los delitos de tráfico de drogas y pertenencia a organización criminal; al ciudadano colombiano le imputa también un delito de tenencia ilícita de armas, y al extrabajador de Aduanas y su mujer les atribuye un delito de blanqueo.
El ministerio público solicita para Santórum 18 años y medio de prisión y el pago de una multa de 438 millones de euros; para el resto de implicados pide 13 años y medio de cárcel y multa (dos años más para el colombiano y 6 años más para el matrimonio).
