El sistema educativo está bajo mínimos, las aulas masificadas, el profesorado quemado y desconcertado, y las titulaciones, casi regaladas, fomentando las vinculadas con los servicios, principalmente los de hostelería. Se está cumpliendo aquel curioso y ambicioso deseo del antiguo ministro de Educación de la etapa predemocrática, José Luis Villar Palasí (ministro desde 1968 a 1973): “Quiero que todos los trabajadores lleven corbata”, en alusión a las titulaciones académicas. Pero el balance, al cabo de muchas décadas desde aquella frase premonitoria, es una España que ha despilfarrado —y sigue haciéndolo— las inversiones en educación, dejando escapar a los mejor preparados. Mientras tanto, los países extranjeros aprovechan el error y se permiten elegir a los mejores titulados españoles, que constituyen una amplia oferta. En contrapartida, el resto de la mano de obra engrosa el censo y las filas del paro, o, en el mejor de los casos, una oferta laboral vergonzosa y abusiva que roza los límites de la esclavitud, legalmente consentida. Veamos el origen de semejante despropósito y las posibles soluciones prácticas.
Antecedentes
Los sectores sociales más incómodos para el poder siempre han sido los vinculados con la cultura y la sanidad. La educación, en particular, resulta especialmente importante puesto que es la fábrica del pensamiento de los ciudadanos del futuro, la pista de entrenamiento para poder afrontar la vida cotidiana, cuando se hace inevitable observar la realidad con objetividad y con espíritu crítico. La educación consiste, precisamente, en estimular la curiosidad por todos los aspectos del mundo que nos rodea, en enseñar disciplinas y técnicas necesarias para el desarrollo personal y para la vida, tanto colectiva como individual, y, sobre todo, en sacar lo mejor de cada persona, que no siempre es fácil. Por lo tanto, la educación no es algo baladí.
«El sistema educativo actual
no ha sabido aprovechar
la estructura del antiguo
sistema predemocrático»
El sistema franquista
No vamos a profundizar en la educación que existía en tiempos de Franco, pero conviene recordar, a efectos de comparación y de informar a quienes no vivieron aquellos años, o que ya los han olvidado, que existía una formación escalonada y con grandes contenidos que abarcaban tanto las ciencias como las letras, con asignaturas que iban desde la lengua, filosofía, latín, griego, matemáticas, física, química, historia universal, historia española —que, obviamente, en esa época siempre terminaba poco antes de la Guerra Civil—, lengua extranjera, ya fuera inglés o francés, educación física —que se basaba en una disciplina militarista y en tradicionales tablas gimnásticas—, geografía universal y geografía de España, y la sempiterna y controvertida asignatura de religión. Existía, además, una asignatura denominada Formación del Espíritu Nacional (FEN), propia para educar e inculcar la ideología del régimen. Todo ello, como digo, escalonado desde edad temprana y estructurado en cursos como Preparatoria Ínfima, Preparatoria Media, e Ingreso, este último como preparación definitiva para acceder al bachillerato, para lo que era imprescindible superar un examen de acceso. La primera parte del bachillerato se denominaba “bachillerato elemental” y consistía en cuatro cursos que era preciso aprobar totalmente cada uno de ellos. Luego era necesario superar una reválida conocida como “reválida de cuarto” para conseguir el título de “Bachiller elemental”, que permitía, o bien el acceso a otras opciones educativas, o continuar con el “bachiller superior”, que consistía en dos cursos intensos que era necesario aprobar totalmente para acceder a su correspondiente reválida. Llegados a este punto, con todo aprobado —incluida la “reválida de sexto”— se conseguía el título de “Bachiller superior”. Y así, finalmente, para quienes quisieran continuar con estudios universitarios, existía un curso llamado “Preuniversitario”, y, luego de superarlo, unas pruebas que se realizaban en la propia universidad y que se denominaban “Pruebas de Madurez”. Por si todo esto fuera poco, el primer curso de la mayoría de las carreras universitarias era selectivo, es decir, era preciso aprobarlo totalmente para continuar con el segundo curso y el resto de la carrera. Y al margen de las cuestiones políticas y de los aspectos mejorables de aquel sistema franquista, quienes lo vivimos, con todos sus defectos, pero también con sus virtudes —justo es reconocerlo—, seguimos vivos y no quedamos en absoluto traumatizados por la extensión de sus contenidos ni por el rigor de sus barreras.
La nueva educación
Con la llegada de la Democracia comenzó una serie de cambios profundos encaminados, según se decía, a corregir los defectos de un sistema que, en su conjunto, había estado vigente durante muchos años, durante décadas. Obviamente se eliminó la asignatura de FEN, se introdujeron mayores contenidos teórico-prácticos en la asignatura de gimnasia, que pasó a denominarse Educación Física, y lo que parecían ajustes imprescindibles para una mejora y aprovechamiento de lo que era perfectamente válido se transformó en el sello característico de cada gobierno de la etapa democrática, que trató de plasmar su tendencia política en el sistema educativo, algo que nunca debiera haber ocurrido, de espaldas a un necesario consenso de todas las partes y con una proyección a larga distancia en el futuro.
Así las cosas, de error en error y sin que ningún responsable se haya ruborizado —ni los políticos ni los que han colaborado con mayor o menor dedicación e intensidad—, llegamos al sistema actual, con un deterioro notable en la educación española. Ningún partido político en el poder queda libre de culpa, pero en estos últimos años, gobernados por el Partido Popular, la situación resulta totalmente catastrófica. El Partido Popular ha utilizado —y sigue utilizando— procedimientos maquiavélicos para controlar un sector controvertido, crítico, revolucionario, y, como ya he dicho, muy incómodo, además de conseguir deteriorar un sistema que ahora no educa, sino que simplemente titula, porque la España actual se ha convertido en el país donde los conocimientos no van necesariamente unidos a las titulaciones, porque lo que parece verdaderamente importante ahora es tener un título; los conocimientos han pasado a ser algo secundario.
Leyes educativas
Mientras España ha ido evolucionado democráticamente se han producido numerosos cambios legislativos en educación —ocho cambios—, algunos de ellos tan veloces en el tiempo que en muchas ocasiones el alumnado se ha encontrado estudiando un curso vinculado a una ley mientras el curso anterior ya pertenece a otra ley que pronto quedará también obsoleta, y de modo inminente llegará otra modificación legislativa por detrás; un auténtico descalabro. Téngase en cuenta que durante la Democracia se han sucedido ocho leyes educativas, desde la LGE (Ley General de Educación), a caballo entre los últimos tiempos de Franco y los albores de la Democracia, hasta la actual y discutida, pero ya implantada, LOMCE (Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa).
La última ley, la LOMCE, como era de esperar, tampoco ha servido para mejorar la enseñanza española, sino para dejarla hecha unos zorros y para eliminar a los pocos reductos críticos existentes entre el profesorado, siquiera para intentar doblegarlos. Esta ley permite, por ejemplo, la separación por sexos en diferentes aulas y las evaluaciones externas, además de potenciar la asignatura de religión en un estado que se define como laico. Incluso el salto de una etapa educativa a la siguiente sin haberla superado totalmente la anterior. Todo el procedimiento parece diseñado por un equipo de mentes inteligentes que trabajan de modo armónico para determinados sectores del poder, abarcando varios frentes que comentaremos de modo separado.
«Se busca la obediencia
ciega más que la auténtica
calidad educativa»
Direcciones de los centros y funcionamiento interno
Los Centros Integrados de Formación Profesional (CIFP) están funcionando como verdaderos laboratorios de experimentación de la LOMCE. Los equipos directivos de estos centros, sobre todo, han sido elegidos directamente por los responsables educativos, sin respetar la voluntad democrática de los claustros, y han sido elegidos por su docilidad, por su obediencia y por las aspiraciones personales de cada componente, no por su capacidad profesional ni por el respeto a los principios de la ética profesional y humana, eligiendo, en definitiva, a personas para las que los fines —personales, sobre todo— justifican totalmente los medios. Todo esto motiva que los equipos directivos acepten cualquier orden o encomienda sin ofrecer la más mínima resistencia o sin cuestionar siquiera la conveniencia de las directrices para la comunidad educativa y para la sociedad en general. La LOMCE, por lo tanto, permite que las autoridades educativas manipulen la elección democrática de los claustros, que han quedado transformados en simples rebaños de ovejas, sin voz ni vida.
La LOMCE permite, además, que la dirección de los Centros Integrados pueda nombrar directamente a determinados cargos que son conocidos —según la nueva legislación— como coordinadores y dinamizadores, cuya justificación real, en muchos casos, resulta extremadamente dudosa, pero que llevan emparejadas reducciones horarias. Es un modo de comprar el silencio y la connivencia, pero a un precio elevado para el contribuyente, porque las horas de trabajo de los docentes son costosas. En algún CIFP se han dado casos, por ejemplo, en los que mediante acumulación de cargos algún profesor ha estado ejerciendo solamente cinco horas de clase real a la semana, o reducciones, en otros casos, de catorce horas semanales —el conjunto de horas semanales de docencia gira entre dieciocho y veintiuna—. A lo que es preciso añadir la reducción total de horas docentes que tienen todos los miembros de las direcciones de los CIFP, además de los correspondientes complementos económicos que, en algún caso superan los seiscientos euros mensuales, que no se justifican teniendo en cuenta que la gestión de los centros se realiza, en un amplio porcentaje, delegando gran parte del trabajo en diferentes miembros del claustro —las mencionadas dinamizaciones y coordinaciones—.
Interinos y sustitutos
El número de interinos y sustitutos en algunos centros supera ampliamente el cincuenta por ciento y, en algunos casos, la cifra incluso es mucho mayor. Esto no se justifica por los costes, sino por la situación de precariedad laboral del profesorado, que propicia, cuanto menos, el silencio y docilidad para no dar lugar a la aplicación de algún apartado de la nueva ley, que permite al director del centro elegir al profesorado eventual o, dicho de otro modo, vetar a quienes estime oportuno —quienes por algún motivo resulten incómodos—.
«El acceso actual a la
docencia de FP no valora
los conocimientos prácticos
de taller de los candidatos»
Carrera docente
La LOMCE ha propiciado la aparición de los que se conoce como “trepas”, personas que avanzan y suben en el escalafón a codazos y sin escrúpulos, que son los que más presumen de profesionales, pero que, en su mayoría, son los más mediocres. Los verdaderos profesionales de la educación son las personas que ejercen su labor diaria en el aula, frente al alumnado, motivándolo, tratando de que aprendan lo que realmente van a necesitar, educándolos para que tengan su propio criterio, soportando la presión de un sistema corrompido por las ideologías políticas y por los intereses incontrolados de quienes están destrozándolo, de quienes viven sin impartir clase y que justifican sus sueldos y complementos elevados —su mamandurria— con inventos y argucias legales que sólo dificultan la vida diaria del docente.
Mención aparte merece el sistema de acceso a la función docente, que en las áreas teórico-prácticas descuida el conocimiento real de la segunda parte —la práctica—, y cuando esto ocurre —que es frecuente— el alumnado se encuentra ante un enorme cúmulo de conocimientos teóricos sin saber el modo de llevarlos a la práctica. Esto es algo que se observa fácilmente en áreas de la Formación Profesional como Sanitaria y Química, por ejemplo. En la actualidad se obliga a superar el Curso de Adaptación Pedagógica (CAP), que hace años tenían una duración de unos meses y que actualmente se ha convertido en un máster de un año de duración sin que exista justificación lógica, porque lo que se enseña en él no resulta siempre real y práctico, sobre todo, porque algunas personas que lo imparten nunca han vivido la experiencia de la etapa educativa a la que va destinado el curso. Y sorprende que ese CAP sea obligatorio para casi todo el profesorado mientras en áreas en las que no existe titulación universitaria —ni tiene sentido que exista— no se exige, como es el caso del área de hostelería, ahora tan de moda, pudiéndose dar el caso de que alguna persona que ni siquiera haya superado toda la ESO (Enseñanza Secundaria Obligatoria) pueda acceder a la docencia en igualdad de condiciones laborales. Es obvio que el sistema de acceso es cada vez más imperfecto y que en vez de mejorar ha empeorado, o quizá sea eso lo que conviene a una clase política y unos secuaces que permanecen en sus puestos a pesar de los vaivenes electorales, porque la corrupción no sólo consiste en llevarse el dinero de las arcas públicas, sino en dilapidarlo o malversarlo.
«La educación actual es
el resultado de diferentes
caprichos políticos y del
consentimiento de los sindicatos»
Sindicatos y partidos políticos
Los sindicatos no ejercen la presión suficiente para contener el empuje de una legislación a todas luces antidemocrática e ineficaz para la mejora de los fines educativos. Todo se queda en simples palabras, quizá porque no se puede ir en contra de quien inyecta dinero para mantener unos sistemas que necesitan una profunda reforma que les hiciera ganar credibilidad. Cómo se explica que parte de esas direcciones de los CIFP estén jugando una doble baraja con las autoridades educativas y perteneciendo, al mismo tiempo, a determinados sindicatos que aún sabiendo el doble juego lo permiten. Mientras, el tiempo va pasando y la gaviota sigue planeando sobre todos los españoles y, sobre todo, sobre todos los gallegos.
Posibles soluciones
Opino que la única solución consiste en el siguiente conjunto de medidas, que deben ser tomadas como base para una discusión más amplia y concreta de un problema de largo alcance que nos afecta a todos:
1.- Un pacto al margen de la política, un acuerdo de amplio espectro en el que estén involucrados todos los estamentos sociales, sin espacio para los personalismos ni los protagonismos —que algunos tratarían rápidamente de asumir—, con la vista puesta en un futuro de varias décadas.
2.- Urge, entre otras cosas, la eliminación de las trabas burocráticas en la vida diaria del docente, incluidos los absurdos sistemas de calidad que sólo sirven para entorpecer el trabajo docente y llenar las arcas de empresas externas; la mejor calidad es el rendimiento del propio alumno en la vida profesional.
3.- Es necesario e indispensable, también, la limpieza de toda la morralla que ha ido instalándose en el sistema educativo, sobre todo en las áreas del poder y en los puestos intermedios, desde las direcciones de los centros —las asignadas forzosamente en contra de la opinión democrática de los claustros de los CIFPs—, hasta los puestos de responsabilidad que no se corresponden con la auténtica capacidad de quienes los ocupan, sino que han sido asignados con el dedo atendiendo a diferentes intereses.
4.- Sobran puestos de mando y faltan puestos de profesorado, que es el sector que realmente debe formar al alumnado, puesto que ahora está invertida la situación y para comprobarlo basta darse una vuelta por los edificios administrativos, cada vez más masificados.
5.- Por último, y no menos importante, falta recuperar el funcionamiento democrático de los centros, y que los CIFP dejen de funcionar como laboratorios de unas medidas maquiavélicas que pretenden extrapolarse al resto del sistema.
Leyes educativas españolas en la etapa democrática
1970 – 1980 Primera legislación educativa de la etapa democrática
Franco y UCD (Unión de Centro Democrátivo) – Ley General de Educación (LGE), aprobada en 1970 y vigente hasta 1980. Anteriormente, en el año 1945 se promulgó la Ley de Educación Primaria y en el año 1953 la Ley de Ordenación de la Enseñanza Media.
1980 Segunda ley educativa de la etapa democrática
UCD – Ley Orgánica del Estatuto de los Centros Escolares (LOECE), aprobada en 1980 e influenciada por la constitución, pero nunca llegó a entrar en vigor por el golpe de estado y el cambio de gobierno.
1985 – 1990 Tercera ley educativa de la etapa democrática
PSOE – Ley Orgánica del Derecho a la Educación (LODE), que abrió la opción de la enseñanza concertada.
1990 – 1995 Cuarta ley educativa de la etapa democrática
PSOE – Ley de Ordenación General del Sistema Educativo (LOGSE), que desplazó totalmente la legislación LGE, que venía de los tiempos franquistas, y que abrió la participación de las comunidades autónomas, y que introdujo la Enseñanza Secundaria Obligatoria (ESO) hasta los 16 años.
1995 – 2002 Quinta ley educativa de la etapa democrática
PSOE – Ley Orgánica de Participación, Evaluación y Gobierno de los Centros Escolares (LOPEG), conocida como ley Pertierra. Ley muy controvertida porque el profesorado la interpretaba como una puerta a la privatización, aunque el PSOE defendió que fortalecía la participación. Se aprobó con los votos del PSOE, CIU y PNV, y votaron en contra el PP, IU y Coalición Canaria.
2002 – 2004 Sexta ley educativa de la etapa democrática
PP – Ley Orgánica de la Calidad de la Educación (LOCE), que nunca llegó a aplicarse porque fue paralizada por el PSOE.
2006 – 2013 Séptima ley educativa de la etapa democrática
PSOE – Ley Orgánica de Educación (LOE). Con esta ley se rebajaron las horas dedicadas a la enseñanza de literatura y de lengua, para permitir la introducción de la controvertida asignatura Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos. Asimismo, esta ley permitió que el alumnado avanzara al siguiente curso con asignaturas suspensas, y la religión pasó a ser de oferta obligada en los centros escolares, aunque voluntaria.
2013 Octava ley educativa de la etapa democrática
PP – Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), aprobada e implantada gracias a la mayoría del Partido Popular en el Congreso y en el Senado, y que elimina las pautas establecidas por las leyes socialistas: la LOE y la LOGSE. La LOMCE, entre otras cuestiones, permite la separación por sexos, los itinerarios, la religión evaluable, y las reválidas.
