La Central Intersindical Galega (CIG) remitirá este jueves una carta al presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, y otra al conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, exigiendo que la cocina y el personal del Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo vuelvan a la gestión pública, tal y como se hacía en el antiguo Hospital Xeral.
El “deterioro” de las instalaciones de la cocina del Cunqueiro, seis años después de su inauguración, la harán inoperativa entre julio y septiembre, por lo que en un principio se contempló la posibilidad de trasladar el menú de los pacientes desde Zaragoza, lo que generó una oleada de críticas. Para la CIG, que la empresa propietaria del centro médico sea incapaz de cumplir sus compromisos demuestra “el riesgo que supone dejar en manos privadas aspectos sustanciales de la asistencia sanitaria”.
Además, añade el sindicato en un comunicado, que se tenga que paralizar la cocina tan solo seis años después de su puesta en marcha “demuestra los intereses económicos de la empresa concesionaria en cuanto a la calidad de construcción”. Por último, subraya, el hecho de que se tenga que recurrir a la cocina de un hospital público, con personal público, para solucionar un problema creado por la privatización de “un servicio esencial” no hace sino reforzar su defensa de una sanidad cien por cien pública.
Para el sindicato “son hechos de tal gravedad” que se ven en la obligación de exigir por carta al presidente y al conselleiro que recuperen la gestión pública de la cocina del hospital vigués. Fue la propia CIG quien denunció a principios de junio que la concesionaria del Álvaro Cunqueiro, la empresa catalana Arcasa, había decidido cubrir las necesidades de producción de la cocina del hospital con comida trasladada en camiones desde Zaragoza, a 800 kilómetros de Vigo.
En las últimas horas se ha sabido que la cocina del Hospital Lucus Augusti, en Lugo, se prepara para triplicar su producción y atender así a las necesidades del Álvaro Cunqueiro, una solución que no satisface a la CIG, pues no hace sino ratificar su queja de que sean los recursos públicos los que solucionen problemas que debería resolver la empresa privada.