Así lo ha declarado la comisaria Margrethe Vestager, que teme que esa inyección pública pueda haber atraído el proyecto de inversión fuera de una región más desfavorecida económicamente de otro Estado miembro. También sospecha que PSA habría llevado adelante sus proyectos de innovación igualmente a pesar de no contar con el apoyo del Estado, por lo que la financiación habría sido innecesaria.
“La inversión pública es importante para fomentar el crecimiento económico de las regiones desfavorecidas en Europa. No obstante, debemos evitar las competiciones perjudiciales entre los Estados miembros. La Comisión investigará meticulosamente si las ayudas previstas de España son realmente necesarias”, recalcó Vestager. Además, la CE quiere saber si esos 20,7 millones van a servir para su propósito real: “desarrollar la región sin falsear indebidamente la competencia o ir detrimento de la cohesión en la UE”.
Las normas comunitarias permiten apoyar el desarrollo económico y el empleo en las regiones más desfavorecidas pero deben cumplir una serie de condiciones. Entre ellas, incentivar la inversión privada, limitarse al mínimo necesario y no atraer la inversión de una región igualmente o más desfavorecida de otro Estado miembro.