Según explica la asociación, esta iniciativa surge porque “la violación del derecho a la vivienda como consecuencia de los desahucios no ha terminado y afecta a cientos de miles de personas”. Los datos que maneja AI reflejan que en 2016 tuvieron lugar 34.193 desahucios.
“Es esta una crisis rodeada de oscurantismo y que no perjudica a todas las personas por igual. Tiene un efecto añadido sobre las mujeres, especialmente las que encabezan los hogares monoparentales, mujeres con discapacidad o mujeres víctimas de violencia doméstica”.
Todo esto se produce en un país que cuenta con uno de los porcentajes de vivienda social más bajos de la UE, el 2%. El presupuesto público español para acceso a la vivienda y fomento de la edificación en 2016 apenas superó los 587 millones de euros que es el 36,5% menos que en 2009 y, además, la tendencia de reducción de gasto público en vivienda se ha visto agudizada, ya que en 2017 esta partida únicamente contó con 474.242 millones de euros, lo que representa una reducción del 70,4% del presupuesto desde 2009.
El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas pidió a España en 2012 que recopilara información estadística desglosada con vistas a identificar a las personas y grupos afectados por las medidas de austeridad. Sin embargo, hasta la fecha el Gobierno no ha implementado esta recomendación.
Estos datos son esenciales para contar con un diagnóstico sobre las necesidades de vivienda de la población y diseñar una estrategia en materia de vivienda que garantice de manera efectiva el derecho a la vivienda adecuada, priorizando los colectivos más desfavorecidos.
Pero según denuncia Amnistía Internacional el Gobierno no ha tomado medidas orientadas a proteger más a las personas. Al contrario, las medidas que ha adoptado contribuyen a su desprotección y desamparo. La Ley de Enjuiciamiento Civil no obliga expresamente a los jueces a examinar la proporcionalidad de cada desalojo basada en las circunstancias personales del caso. Esto afecta de manera especial a las mujeres, quienes constituyen una parte desproporcionadamente alta de quienes realizan trabajos a tiempo parcial, suelen estar en el lado inferior de la brecha salarial y a menudo asumen el cuidado de otras personas en el hogar.
Por otra parte, la Ley de Arrendamientos reduce la duración legal de los contratos de alquiler y acorta los plazos judiciales en caso de desahucio. “La causa última de esta desprotección es la consideración de la vivienda como un derecho de segunda que no está protegido con las máximas garantías en la Constitución. El derecho a la vivienda en España se considera más como un bien de inversión y consumo que como un verdadero derecho humano”, señalan desde AI.
Ante esta situación, la asociación exige a las autoridades que el derecho a la vivienda sea una realidad y no una promesa incumplida en España. Para eso, la organización pide al Gobierno que adopte “un protocolo marco en relación con los desalojos, que incluya medidas destinadas a mejorar la coordinación entre tribunales y autoridades municipales para proporcionar viviendas alternativas adecuadas a las personas con recursos limitados” y que “trabaje de manera coordinada con las Comunidades Autónomas para incrementar la inversión en vivienda social y que España aumente su parque de vivienda social, para que los servicios sociales den una solución a todas las personas que no tienen recursos”.