El gobierno local de Vigo ha aprobado esta mañana una prórroga de dos meses para el funcionamiento del Centro CEDRO, un servicio de referencia en la atención a personas con drogodependencias. Este acuerdo busca garantizar la continuidad de una labor esencial que, en palabras del alcalde Abel Caballero, “la Xunta de Galicia lleva años sin querer afrontar, incumpliendo sus propias competencias y obligaciones”.
La prórroga llega en un contexto de incertidumbre, después de que la licitación para la gestión del centro se haya quedado desierta. Con un precio de licitación de 4,3 millones de euros por un periodo de cinco años, incluidas dos prórrogas, ninguna empresa ha presentado ofertas. La razón podría estar relacionada con la falta de cláusulas para subrogar los contratos del personal actual, un aspecto que había sido incluido en convocatorias previas y que, según denuncian, garantizaría derechos laborales fundamentales.
Más de 1.000 usuarios anuales
El CEDRO, fundado en marzo de 1985, se ha consolidado como el mayor centro de atención a drogodependientes de Galicia. Solo en el último año, atendió a más de 1.000 usuarios y registró 109 nuevos ingresos, cifras que reflejan su papel fundamental en la comunidad. El centro no solo ofrece tratamiento médico, sino también apoyo psicológico y social, facilitando la reintegración de las personas afectadas por las adicciones.
El alcalde ha destacado la relevancia de este servicio, al que considera “existencial” para muchos usuarios. “Mientras la Xunta ignora sus competencias, el Ayuntamiento de Vigo asume esta responsabilidad para garantizar que estas personas reciban los tratamientos que necesitan”, añadió Caballero durante su intervención.
Críticas a la Xunta de Galicia
La gestión del CEDRO se ha convertido en un «nuevo» punto de tensión entre el Ayuntamiento de Vigo y la Xunta de Galicia. Desde hace años, las administraciones locales han exigido que el gobierno autonómico asuma la responsabilidad de estas unidades asistenciales, que entran dentro de sus competencias sanitarias.
Aunque el Parlamento gallego aprobó en 2020 una moción para transferir estos servicios al Sergas (Servicio Gallego de Salud), el proceso ha estado paralizado hasta agosto de este año. Sin embargo, las primeras reuniones técnicas no prevén avances significativos hasta marzo de 2025.
La Concejalía de Política Social de Vigo ha denunciado en varias ocasiones que esta demora está afectando gravemente a los pacientes. Entre los problemas señalados están las listas de espera, la falta de coordinación con centros de salud y servicios de salud mental, y dificultades para la prescripción de medicamentos.
Una responsabilidad que no puede esperar
Mientras las negociaciones entre administraciones avanzan lentamente, el Ayuntamiento de Vigo insiste en que no puede abandonar a quienes más necesitan este servicio.
Con esta prórroga de dos meses, el gobierno local busca ganar tiempo para encontrar una solución definitiva. Sin embargo, el futuro del CEDRO sigue en el aire, con la esperanza de que las instituciones autonómicas tomen medidas para garantizar la continuidad y calidad de esta atención vital.