El gobierno de España se opone a anular la concesión de la autopista AP-9 y esa noticia provoca preocupación e indignación. Los partidos políticos se culpan unos a otros de la prórroga de una concesión cuyos efectos económicos están soportando los usuarios. Por supuesto que el Partido Popular llevó a cabo tal prórroga de la AP-9, pero el PSOE tampoco demuestra mucho interés en zanjar la situación, amparándose en el coste que conllevaría y a pesar de que la Unión Europea le urge la medida. Los usuarios están convencidos de que en Cataluña o en otras partes de España esto se resolvería con mayor facilidad y con mayor rapidez. Sea como fuere, los usuarios gallegos continúan con una sangría económica que lastra su economía y que, de seguir así, tendrá notorios efectos en las siguientes elecciones; no se trata de que cambie el sentido del voto, sino que ese desprecio a Galicia favorecerá la abstención como medida de castigo.