En este sentido, las últimas opciones son la antigua carretera bordeando la ría o el puente de Rande; la primera opción es gratuita y lenta por su largo recorrido, y la otra tiene los inconvenientes de las retenciones, además del elevado precio para los usuarios que no residan en O Morrazo. El negocio de la autopista choca, por lo tanto, con las necesidades de una ciudadanía que durante décadas ha estado pagando una infraestructura que seguramente está más que amortizada. Cabe preguntarse, por lo tanto, si nuestros políticos autonómicos saben defender realmente los intereses de los ciudadanos que representan y a quienes deben su apoyo en las urnas. ¿De qué parte están? ¿A quiénes defienden realmente? ¿Cuántos temporales hacen falta para que la ciudadanía asuma el protagonismo que le corresponde y les pase factura en las urnas?