La causa abierta contra siete personas y una empresa, acusados de delitos contra la propiedad intelectual por la distribución de contenido audiovisual sin autorización y venta de decodificadores de televisión ‘pirata’ se ha saldado finalmente con penas menores, que han sido sustituidas por multas, y con indemnizaciones que suman algo más de 670.000 euros.
Así se ha acordado en una vista de conformidad celebrada este jueves en la sección quinta de la Audiencia Provincia, en la que también se ha confirmado, por parte de las acusaciones particulares, la retirada de cargos contra, al menos, otro procesado, que ha quedado absuelto.
Con respecto a los demás acusados, y aplicando las atenuantes de dilaciones indebidas y reparación del daño, han sido condenados por dos delitos relativos al mercado de consumidores en concurso con delito contra la propiedad intelectual, y por un delito de pertenencia a organización criminal.
El tribunal les ha impuestos penas que oscilan entre el año y medio y el mes y medio de prisión, condenas que en todos los casos se han sustituido por penas de multa. Asimismo, deberán pagar sanciones que suman unos 7.000 euros, además de la multa de 20.650 euros impuesta a la única empresa acusada, Engel Systems.
Por otra parte, los acusados, tanto las personas como la sociedad mercantil, han sido inhabilitados por diferentes períodos para dedicarse a la venta de decodificadores de televisión como los que utilizaron en esta trama. Finalmente, se han establecido indemnizaciones a las empresas perjudicadas, que suman más de 672.000 euros.
Difusión de contenido y venta de aparatos
Según el escrito de acusación de la Fiscalía, los procesados integraban un grupo dedicado a emitir o reproducir contenidos audiovisuales y de canales de televisión, tanto públicos como privados, vulnerando los derechos de propiedad intelectual.
El “modelo de negocio” de la empresa acusada, con delegaciones en toda España, entre ellas también en Galicia, era realizar ‘apagones’ periódicos de los servidores, lo que obligaba a los usuarios a comprar otro decodificador de la marca que le permitía volver a ver los canales de televisión de pago de forma gratuita.
De esta forma, como consecuencia de las caídas de servidores llevaron a un “aumento considerable” de los beneficios en la empresa por el incremento de las ventas de los decodificadores de su marca.
La Fiscalía pedía inicialmente penas que sumaban casi 24 años de prisión, y una multa de más de 21 millones de euros para la empresa implicada, así como indemnizaciones por más de 16 millones de euros.
