La familia de Déborah Fernández ha solicitado que la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV) de Madrid sea retirada del caso y lo que quede por hacer se encomiende a la Guardia Civil, tras el sorprendente hallazgo del móvil de la joven junto a otros documentos en dependencias policiales en las últimas semanas.
Los letrados de la familia -con Ramón Pérez Amoedo al frente- ya han presentado un escrito donde se indica, entre otros extremos, que el actual equipo policial encargado desde 2002 de la investigación de la desaparición y muerte de Déborah, en colaboración con la Comisaría de Vigo, no puede seguir ni un segundo más interviniendo en este procedimiento.
El hallazgo del legajo reciente “no es más que otra negligencia de ese equipo policial, la más grave junto a la de no haber puesto a disposición del juzgado el disco duro del ordenador de Déborah hasta 2019, cuando lo tenían en sus dependencias desde 2006. Disco duro del que ya consta en este juzgado lo que ha pasado con el mismo”, indica fuentes de la familia.
“A mayor incredulidad”, explica la familia, el que fue hasta hace días Inspector que dirigió la investigación, apareció en un programa de la televisión nacional el pasado día 4 de septiembre y refirió que el equipo policial “ya sabía de la existencia del móvil”. Mas lo cierto es que en atestado de 2019 se refería a una “inspección visual” del mismo, pero se señalaba que el móvil nunca había sido recogido por la Policía para su análisis. De ahí que se haya solicitado que aclaren esta contradicción tan evidente.
El escrito termina señalando que “Ya es tarde, lo sabemos. Poco queda por hacer, o quizá ya nada, pero exigimos que la UDEV de Madrid sea retirada del caso y lo que quede por hacer se encomiende a la Guardia Civil”.
En estos momentos, el juzgado se encuentra a la espera de recibir un informe de la Guardia Civil acerca del disco duro del ordenador de Déborah Fernández, un informe que fue solicitado después de que peritos de Lazarus Technology confirmasen que dicho disco duro fue manipulado en algún momento después de su entrega a la Policía. Se da la circunstancia de que los expertos de la Guardia Civil ya se pronunciaron sobre ese dispositivo, para señalar la imposibilidad de extraer información del mismo.
Paralelamente, la familia está pendiente de lo que resuelva la sección segunda de la Audiencia Provincial de Pontevedra sobre el recurso de apelación que presentaron, ante la negativa de la jueza instructora a tramitar la causa por la ley de tribunal de jurado.