La familia de la joven viguesa Déborah Fernández-Cervera solicitará al Juzgado de Instrucción número 2 de Tui, que investiga la muerte y desaparición de la chica, que peritos de Lazarus Technology puedan estar presentes cuando se analice el teléfono móvil localizado en un legajo “desconocido hasta la fecha”, y que ha aparecido tras unas obras en la sede policial de Canillas en Madrid. Asimismo, pedirá también disponer del teléfono para que Lazarus haga su propio informe.
La Policía Nacional ha solicitado analizar el terminal, que ha aparecido sin tarjeta SIM, y que la familia sospecha pudiera tratarse del teléfono de Déborah. Precisamente, la falta de esa tarjeta (o el estado del propio aparato) puede condicionar la información que se pueda obtener del teléfono.
Este terminal móvil forma parte de un legajo “desconocido hasta la fecha” y vinculado con el caso de Déborah. Dicho legajo, del que también forman parte vídeos VHS y varios documentos, fue localizado durante unas obras de reforma en el departamento de Homicidios de las dependencias policiales de Canillas, en Madrid.
La familia de la chica ha trasladado su “sorpresa e indignación” ante la aparición de estas evidencias, veinte años después de la muerte de la joven, y que no han sido incorporadas a la causa. En su opinión, este episodio no hace sino confirmar la cadena de “chapuzas” que se han producido a lo largo de años de investigación, y no descarta reclamar responsabilidades.
En estos momentos, el juzgado se encuentra a la espera de recibir un informe de la Guardia Civil acerca del disco duro del ordenador de Déborah Fernández, que fue solicitado después de que peritos de Lazarus Technology confirmasen que dicho disco duro fue manipulado en algún momento después de su entrega a la Policía. Se da la circunstancia de que los expertos de la Guardia Civil ya se pronunciaron sobre ese dispositivo, para señalar la imposibilidad de extraer información del mismo.
Paralelamente, la familia está pendiente de lo que resuelva la sección segunda de la Audiencia Provincial de Pontevedra sobre el recurso de apelación que presentaron, ante la negativa de la jueza instructora a tramitar la causa por la ley de tribunal de jurado.