A pesar de ello, el futuro no es halagüeño para este matrimonio, que abona religiosamente una renta antigua de 145 euros a pesar de que sus ingresos mensuales se reducen a los 480 euros que percibe ella a través de una renta de inclusión social. El problema en este caso no es el pago, sino que la propietaria del inmueble no quiere seguir alquilándoselo. Y su única alternativa para dormir, dicen, es una furgoneta Citroën C15.
El desencuentro con la casera viene de lejos. Se trata de un contrato de 1981 a nombre del padre de María Begoña, que fue subrogado por su madre cuando él falleció. Posteriormente, ella misma asumió los derechos de subrogación al convertirse en tutora legal de su progenitora, que murió en 2011. Sin embargo, la dueña de la casa, que se encuentra en mal estado, entiende que María Begoña perdió esos derechos legales al haberse casado con José y que ya no procede aplicar la renta antigua.
La disputa viene de lejos pero se ha intensificado en los últimos tiempos y la arrendadora ya ni quiere hablar con ellos a pesar de que se han ofrecido a pagar más dinero por el alquiler, hasta 300 euros. “La llamamos por teléfono y no nos coge y si nos coge, nos cuelga inmediatamente al saber que somos nosotros. Incluso intentamos hablar con ella llamando desde cabinas de teléfono y por mediación de los vecinos de abajo [que también son inquilinos suyos]”, cuenta José.
María Begoña recuerda que en 2015 la misma propietaria les pasó un número de cuenta nuevo para ingresar cada mensualidad pero en ocasiones ese dinero les ha venido de vuelta porque la dueña no quiere cogerlo. Desde enero de 2019 han optado por consignar las cantidades correspondientes en el juzgado.
El matrimonio no tiene hijos a cargo y todo apunta a que el desahucio será inevitable el próximo martes. Al no ser un desalojo por impago no pueden acceder al bono Reconduce, por lo que han pedido a la Federación Vecinal de Vigo ‘Eduardo Chao’ (Favec) que les ayude con la búsqueda de un nuevo hogar. “Vamos a hablar con asociaciones para encontrar otra casa pero es necesario que Vigo tenga un parque de viviendas para estos casos, porque los funcionarios judiciales nos dicen que esto pasa todos los días”, cuenta María Pérez, presidenta de la Favec.
El Concello de Vigo se ofrece a ayudar
La concejala de Benestar Social, Isaura Abelairas, ha asegurado que el Ayuntamiento de Vigo conoce a esta familia desde 2001 y que le ha ofrecido “las posibilidades que están a nuestro alcance”, entre ellas ayudarles “el tiempo necesario” con el pago del alquiler de una nueva vivienda que ellos busquen.
Sin embargo, la edil ha afirmado que el matrimonio no ha aceptado esta solución ni la de realojarse temporalmente en un hostal que buscaría y pagaría el Concello. “Se lo ha dicho la trabajadora social, que este mismo martes intentó contactar con ellos y seguimos buscando una solución”, ha declarado Abelairas. “Sentimos la situación y estamos dispuestos a ayudar”, ha añadido.